¿Cuándo se debe enviar el acuse de recibo o rechazo a un CFE de proveedor?

La emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFEs) ha modernizado de manera significativa el sistema impositivo y comercial, facilitando la transparencia y eficiencia en las operaciones. Sin embargo, este sistema también conlleva ciertas responsabilidades para las partes involucradas. Una de ellas es el proceso de acuse de recibo o rechazo de un CFE recibido de un proveedor. Según la normativa, el receptor del CFE tiene un plazo máximo de veinte días corridos para enviar un acuse de recibo o rechazo al emisor del CFE. Este plazo es estricto y debe cumplirse, a menos que se haya acordado otra temporalidad entre las partes y esta cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la DGI.

¿Qué hacer si no recibo acuse, aceptación o rechazo de un CFE emitido?

La ausencia de respuesta por parte del receptor de un CFE es una situación delicada que no debe tomarse a la ligera. Según la DGI, la emisión de un CFE se considera completa una vez que el documento ha sido recibido por la entidad reguladora. En otras palabras, el simple hecho de que un CFE haya sido registrado ante la DGI lo convierte en un documento fiscalmente válido.

Por lo tanto, la falta de acuse de recibo, aceptación o rechazo no exime al receptor de sus responsabilidades fiscales asociadas con ese documento. En este contexto, la responsabilidad recae en el Receptor Electrónico para proporcionar una respuesta oportuna al emisor del CFE. La inobservancia de esta responsabilidad puede dar lugar a sanciones y complicaciones fiscales para el receptor, especialmente si se hace un patrón de tales omisiones.

La importancia de cumplir con las reglas de acuse de recibo y rechazo radica no solo en la necesidad de adherirse a las directrices fiscales, sino también en la construcción de un sistema impositivo más transparente y eficiente. Estas medidas aseguran que tanto emisores como receptores de CFE están comprometidos en mantener la integridad del sistema, lo cual a su vez fortalece la confiabilidad en las transacciones comerciales y fiscales.